La propuesta de aumento de un gobierno anti universidad ¿cómo llegamos a esta paritaria?
Desde que asumió Milei hasta fines de 2025 transcurrieron dos años de conflicto en los que la sociedad argentina manifestó, una y otra vez, que está decidida a defender la Universidad Pública.
En dos períodos legislativos consecutivos, 2024 y 2025, logramos en la calle con 4 masivas marchas federales que se aprueben leyes de financiamiento universitario. Inclusive en la segunda oportunidad el Congreso sostuvo la ley ante el veto presidencial. En diciembre de 2025 llegó la ratificación judicial para confirmar que el gobierno debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, y la calle tuvo su reflejo en “los palacios”.
Comenzamos el 2026 con la noticia de un acuerdo entre ciertos rectores –que se arrogaron una representación que no tenían– y el gobierno. El proyecto de ley que presentó el ejecutivo en ese momento establecía un aumento de salarios del 12,3% para todo el 2026, el ajuste de los gastos de funcionamiento de la universidad por el CER y un aumento significativo de fondos para los hospitales universitarios.
El movimiento sindical reaccionó de manera rápida y se sucedieron desde el inicio del cuatrimestre una serie de medidas de fuerza. El trabajo realizado desde las federaciones de trabajadorxs universitarixs, la acumulación de resultados judiciales favorables y, en cierta medida, la sostenida caída en las partidas de gastos de funcionamiento, llevaron a una hegemonía de los sectores no afines al gobierno en el CIN, que junto a la confluencia con los sindicatos en una postura unificada ha sido clave para plantarse ante el gobierno. En paralelo, la organización y la masividad de la 4ta Marcha Federal Universitaria demostró, una vez más, el lugar que la Universidad Pública tiene en la Argentina y la vigencia del derecho a la universidad en nuestro pueblo.
Es en este contexto que el gobierno nos hace una propuesta. Primero intentó atomizar la paritaria (amparándose en una legislación del menemismo), y se proponía entregar los fondos al CIN para que la negociación se diera entre cada rectorado y sus trabajadorxs, exigiendo además el retiro de la demanda judicial. La maniobra obtuvo una negativa del frente universitario (sindicatos, CIN y estudiantes), ya en línea con la estrategia de instalar la paritaria –con el IPC como piso– como parte del inicio del cumplimiento de la ley.
El gobierno, entonces, se vió forzado a aceptar que debía presentar la propuesta en un ámbito unificado para todo el país, en una mesa compartida por las federaciones gremiales y el CIN. El análisis conjunto fue que es valioso el camino judicial, pero el espacio para negociar salarios es la paritaria y no el Poder Judicial. Por eso la importancia de dar prioridad en recorrer este camino, dado que el judicial –que no se deja de lado, y ayer mismo CONADU estuvo presionando en la puerta de Tribunales– tiene plazos e intereses propios que no se compadecen con el de la lucha sindical. Se definió entonces, en conjunto con el Frente Universitario, tomar la propuesta y que las federaciones hagan las consultas orgánicas; en caso de aceptarse, avanzaríamos en su tratamiento en una reunión el miércoles 10 de junio.
«La propuesta del gobierno es el resultado de la lucha y del trabajo articulado con toda la comunidad universitaria, no es la respuesta completa (…) por eso es que vamos a seguir peleando por la plena ejecución de la ley. No vamos a cesar en las acciones judiciales y sindicales vinculadas a las demandas salariales, de fondos para ciencia e investigación.» Clara Chevalier, Página 12.
En ese marco, durante la tarde del martes 9 de junio, convocamos a una asamblea para debatir colectivamente la propuesta. Con la participación de 85 compañerxs, ratificamos una vez más la importancia de los mecanismos democráticos de deliberación y construcción de mandatos. Pudimos analizar los alcances de la oferta, evaluar el escenario político y definir la posición que ADEIUNAJ llevaría a la instancia federativa.
Tenemos en claro que el ofrecimiento del gobierno no surge de la voluntad de reparar, sino de la fuerza construida por la comunidad universitaria y del desgaste que le produjo una resistencia sostenida durante más de dos años. En un escenario signado por la intransigencia oficial, esta propuesta representa un primer reconocimiento de demandas que hasta hace pocos meses eran completamente negadas.
Quedó en claro que aceptar la propuesta no significa renunciar a ninguno de nuestros objetivos, ni dar por concluido el conflicto, sino consolidar una posición desde la cual seguir exigiendo salarios dignos, la plena aplicación de la ley, la recuperación de todo lo perdido en estos años y la defensa de la universidad pública. Desde esta posición sindicatos y rectorxs voltearon la posibilidad de que la propuesta del gobierno incluyera el pedido de retirar los litigios judiciales. Tampoco implica levantar medidas de fuerza ni establece que haya que esperar de brazos cruzados entre paritaria y paritaria; es decir, la paritaria asume un piso pero no un techo para nuestros reclamos.
Logramos reconquistar la paritaria nacional de docentes universitarios, algo no menor si recordamos que las dos leyes que logramos surgieron como respuesta a la negativa del gobierno de abrir la paritaria. Por eso, en 2024, la lucha dejó de interpelar al Poder Ejecutivo y se dirigió al Congreso, para construir las herramientas legales necesarias para exigir salarios dignos y presupuesto para las universidades, entre otras cosas. Entonces aceptar la oferta de abrir la paritaria no nos pone un freno, sino que representa un impulso para seguir fortaleciendo la lucha por todo lo que nos falta. Los resultados de estos años nos muestran que la unidad del frente universitario logró torcer, aunque sea paulatinamente, una política que parecía inamovible.
La propuesta que se acordó implica un cambio significativo en la dinámica que el gobierno venía imponiendo. Además del 21,3% (en realidad 24,9% en dos tramos de 21,33% ahora y 3% en septiembre, siempre acumulativos) y la incorporación de una revisión paritaria trimestral con piso atado al IPC –uno de los puntos contemplados en la Ley de Financiamiento Universitario– constituye una herramienta para frenar el recorte por goteo aplicado mes a mes mediante aumentos por debajo de la inflación. Además, en la negociación, CONADU logró que el incremento de la garantía salarial se actualice con el mismo porcentaje que el aumento general, esto implicaría una mejora que nos alcance de forma igualitaria. Que el gobierno haya aceptado estos criterios supone resignar parte de su estrategia y reconocer la fuerza de la lucha sostenida por la comunidad universitaria.
Que haya o no medidas de fuerza, que llenemos o no llenemos las plazas, que la sociedad muestre que está dispuesta a poner el cuerpo por la Universidad Pública o que, por el contrario, no encuentre dónde y cómo expresarlo, depende de lo que sigamos haciendo como comunidad universitaria. Tal como siempre lo fue, y en particular desde diciembre de 2023.
Construir el escenario que obligue a este gobierno a financiar las universidades públicas que desprecia, sigue siendo nuestra tarea, antes y después de cada victoria, por más grande o pequeña que sea, porque las conquistas parciales no resuelven el problema de fondo, que es una política de Estado que busca desmantelar lo público. Ese es el desafío que tenemos por delante, sostener la organización y seguir acumulando la fuerza necesaria para doblegar esta política hasta la recomposición de nuestros salarios y el efectivo cumplimiento de la Ley de Financiamiento.
Actas del acuerdo firmado el miércoles 10 de junio:
