Denuncia y repudio por parte de docentes de la UNAJ del intento de reinstalar formas de accionar represivas para acallar el conflicto social

17 julio, 2016

Las y los docentes, extensionistas e investigadores de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, nucleados en la ADEIUNAJ, queremos expresar nuestra preocupación por los hechos que se están viviendo en nuestro país, en un aspecto sustancial y muy sensible de nuestra historia: nos referimos al intento de reinstalar formas de accionar represivas para acallar el conflicto social que se genera a partir de una distribución desigual y totalmente injusta de la riqueza, de una creciente censura de la vida democrática, de la monopolización de medios de comunicación y de la destrucción sistemática del Estado y sus programas, que está operando el gobierno de Macri.

Podríamos situar el comienzo de nuestras preocupaciones en lo que hace al respecto de los derechos humanos, en los primeros meses de este gobierno con la detención ilegal de Milagro Sala, primera presa política de esta nueva etapa, víctima hasta el día de hoy, de innumerables aberraciones jurídicas. Sin embargo, y sin contar con el hecho de que en Jujuy desde que asumió el gobernador Morales (aliado político del presidente Macri) a fines del 2015, se vive una situación que muchos militantes describen como un estado de excepción, en las últimas dos semanas hemos sido testigos de sucesos que hasta hace pocos meses atrás creíamos superados. Entre ellos:

la irrupción de una patota custodiada por la Policía Federal, en las instalaciones de la Cooperativa Por más Tiempo, editora de Tiempo Argentino.
la participación en la Celebración del Bicentenario de sectores de las fuerzas militares que reivindican su actuación en el Terrorismo de Estado, como por ejemplo aquellos que participaron en el Operativo Independencia en Tucumán, operativo que en este momento se está juzgando, en el que fueron víctimas al menos 271 personas.
la reaparición en la escena pública de el ex carapintada Aldo Rico (quien atentó contra el proceso democrático durante el gobierno de Alfonsín), Emilio Nani y del represor Carlos Carrizo Salvadores (que acaba de ser absuelto por el asesinato de 14 militantes del ERP) en la celebración llevada a cabo en Palermo en calidad de “ex combatientes de Malvinas. Un comunicado de Asociación de Combatientes de Malvinas por los DDHH expresó su repudio manifestando que no desfilarían con los torturadores de los propios soldados en la guerra.
La detención en el día de ayer, 14 de julio, de al menos 7 militantes políticos de la Tupac Amaru, entre ellos de Raúl Noro, esposo de Milagro Sala.
La represión brutal a los trabajadores y trabajadoras del Ingenio Ledesma, que se encontraban realizando una manifestación en la puerta del Ingenio, en el marco de un paro por tiempo indeterminado por pedido de aumento salarial, en la cual resultaron heridos al menos 80 personas.
En el mismo día que ocurrían estos hechos, una editorial del Diario La Nación, expone que es necesario superar el «maltrato, persecución y falta de respecto a nuestras Fuerzas Armadas», afirmando que «Se impone una completa revisión de la política de defensa (…) un programa consensuado debe incluir la reconciliación y la superación de los sentimientos antimilitares», asimismo aseveran que existe un «tratamiento judicial asimétrico y claramente violatorio de los principios de la justicia en el tratamiento de los hechos de la guerra antisubversiva que nuestro país vivió en los años setenta», reinstalando la idea de «guerra antisubversiva», cuando en realidad se trató de un plan sistemático de exterminio de un sector de la población, en el marco de la imposición del Terrorismo de Estado.
Por último, eran recibidos en el día de ayer miembros de la juventud del partido neonazi Bandera Vecinal, cuyo principal referente es Alejandro Biondini.

Ante esta sumatoria de hechos, queremos repudiar firmemente la tendencia apologética del Terrorismo de Estado, la habilitación y legitimación oficial de los sectores de ultraderecha, muchos de ellos juzgados o en proceso de juzgamiento por ser responsables de delitos de lesa humanidad, y denunciar firmemente los atropellos y violación de derechos que estamos sufriendo gran parte de los trabajadores y trabajadoras de nuestra Nación.